Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.
Es de interés para los opositores de Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial, porque este real decreto-ley afecta a tres normas:
A la ley 36/2011 que regula la jurisdicción social, porque hay un nuevo procedimiento aplicable a reclamaciones que estén relacionadas con el trabajo a distancia.
También afecta al Estatuto de los Trabajadores, al establecerse el derecho a las mujeres víctimas de violencia de género a acceder a la modalidad de trabajo a distancia.
Y a la ley 59/2003 de firma electrónica, ya que hay cambios respecto a la acreditación de la identidad para obtener los certificados digitales.
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